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El período analizado de los años 2024 y 2025 consolida una reactivación operativa de la política municipal de cooperación al desarrollo que se refleja no solo en términos presupuestarios, sino también en la redefinición de las prioridades sectoriales que estructuran los ámbitos de trabajo. En el marco del Informe Sevilla Coopera, elaborado por la ASONGD, la distribución sectorial de las intervenciones evidencia una especialización territorial marcada, coherente con el giro hacia la inversión material observado en el conjunto del sistema y con una diferenciación clara entre la cooperación internacional y el ámbito local.

La lectura agregada del periodo muestra un patrón estable: América Latina concentra los programas de desarrollo económico, servicios sociales y agua, con intervenciones complejas que combinan inversión y acompañamiento social; África continental prioriza ámbitos básicos en contextos de alta fragilidad, como salud, agua y seguridad alimentaria; Sevilla mantiene su función como espacio pedagógico, con alta intensidad proyectual y una dotación presupuestaria estable en términos absolutos. Esta configuración sectorial sirve de marco para el análisis detallado de los ámbitos de trabajo que se desarrolla a continuación.

1. Agua y Saneamiento: La base de la salud y la dignidad

El acceso al agua potable y al saneamiento se configura como uno de los ámbitos estructurales de la cooperación municipal, por su impacto directo en la salud, la dignidad y la reducción de desigualdades. Las intervenciones priorizan infraestructuras físicas combinadas con procesos comunitarios y enfoques de género.

En 2024, se ejecutaron proyectos clave de infraestructura en Bolivia (con enfoque de género) y Perú (enfocado en población en exclusión social), además de una respuesta de emergencia en Mali para asegurar el acceso al agua a poblaciones desplazadas.
En 2025, la inversión se intensificó en Bolivia (Villa Granado) y la República Democrática del Congo, vinculando el agua con la agricultura ecológica y la seguridad alimentaria. El acceso al agua se concibe no solo como un servicio, sino como una medida preventiva eficaz contra enfermedades y un motor de inclusión social.

2. Desarrollo Económico: Empoderamiento y autonomía

El desarrollo económico aborda las causas estructurales de la pobreza mediante el fortalecimiento de medios de vida sostenibles, el acceso a activos productivos y la generación de empleo digno, con una presencia creciente de la inversión material.

En 2024, el foco estuvo en la tecnificación agrícola en Guatemala, la inclusión socioeconómica de mujeres en Colombia y el empoderamiento de mujeres indígenas quechuas en Perú.
En 2025, se añadieron proyectos innovadores como la gastronomía sostenible para la inclusión de jóvenes en El Salvador y el aumento de la producción agrícola para el empoderamiento femenino en Mauritania.

3. Servicios Sociales: Protección a colectivos vulnerables

El ámbito de servicios sociales se orienta a reforzar redes de protección para colectivos en situación de vulnerabilidad, integrándose de forma creciente en proyectos con inversión material.

En 2024, se trabajó intensamente en el acompañamiento a población migrante en Marruecos y en la protección de derechos en Palestina.
En 2025, este ámbito dominó la Modalidad A2, reflejando que las infraestructuras físicas (como centros comunitarios o mejoras habitacionales) se utilizan como herramientas de apoyo social en Bolivia, Guatemala y Colombia.

4. Salud: Prevención y atención primaria

La salud mantiene una presencia constante durante el período, vinculada a la atención primaria, la prevención y la equidad en el acceso.

En 2024, destacaron los proyectos de salud escolar en los campamentos saharauis y campañas de vacunación en Costa de Marfil.
En 2025, la salud se vinculó estrechamente con la Modalidad A2 en Mali (equidad en el acceso para mujeres y niñas) y en Guatemala, donde se fortalecieron los sistemas de salud rural comunitarios.

5. Emergencia: Respuesta ante crisis agudas

La modalidad B (Acción Humanitaria) actúa como instrumento de respuesta ante crisis agudas, con un papel relevante en 2024 y una reducción significativa en 2025.

En 2024, se dio una respuesta rápida al ciclón Yaku en Perú y se atendió a víctimas de minas antipersona en el Sáhara.
En 2025, sin embargo, este ámbito sufrió una reducción presupuestaria del 53%, ya que parte de sus fondos se derivaron a infraestructuras (A2), limitando la capacidad de socorro urgente.

6. Sensibilización y Educación: El escenario local (Sevilla)

La dimensión local se canaliza exclusivamente a través de la Modalidad C, con una elevada intensidad operativa sostenida durante el bienio.

Tanto en 2024 como en 2025, se mantuvieron 11 proyectos anuales enfocados en construir una «cultura de solidaridad».
Los proyectos escolares y comunitarios trabajaron para transformar narrativas sobre cambio climático, igualdad de género y racismo (ej. «Raíces Afroandaluzas»), además de combatir discursos de odio y fomentar la paz mediante la ludopedagogía.

7. Vivienda y Prevención de Violencia

Son ámbitos con menor representación pero de alto valor estratégico.

Vivienda: Cobró relevancia en 2025 en Bolivia, donde se entendió el hábitat digno como una condición indispensable para la inclusión social de mujeres excluidas.
Prevención de Violencia: Presente en proyectos de defensa de derechos LGBTIQ+ en Perú (2024) y en la protección del pueblo palestino, así como en la lucha contra el racismo en Sevilla.

Resumen del período por Prioridades

Latinoamérica se consolidó como el principal laboratorio de inversión productiva y programas sociales integrados, con especial peso en seguridad alimentaria y tecnificación.
África Continental recibió una mayor proporción de recursos orientados a activos y servicios básicos (agua y salud), respondiendo a contextos de fragilidad extrema en el Sahel y el Magreb.
Sevilla mantuvo su labor de escenario pedagógico, aunque su estancamiento presupuestario absoluto frente al crecimiento de la «cooperación dura» en el exterior plantea riesgos para la legitimidad social de la política a largo plazo.

8. Ámbitos de trabajo en África continental

La distribución de los ámbitos de trabajo en África Continental en estos dos años refleja una estrategia orientada a garantizar condiciones básicas de vida y responder a situaciones de extrema fragilidad, con un cambio notable en la naturaleza de la ayuda entre ambos años. Mientras que en 2024 predominaron el fortalecimiento social (A1) y la respuesta humanitaria (B), en 2025 se produjo un giro hacia la inversión material y técnica (A2), que llegó a representar el 62,7% del presupuesto continental.

A continuación se detalla la distribución por subregiones y sus respectivos ámbitos:

8.1. El Magreb: Foco en Salud y Desarrollo Económico

Es la subregión africana con mayor inversión en estos dos años, articulándose principalmente en torno a la población saharaui y la incorporación de Mauritania en 2025.

Salud y Educación (Campamentos Saharauis): Ha sido el eje central, especialmente a través de la salud escolar para mejorar el desarrollo físico y mental de la infancia en contextos de refugio.
Emergencia y Prevención de Violencia: Enfoque en la atención a víctimas de minas antipersona y personas con discapacidad, combinando cuidados médicos con la protección de derechos humanos.
Desarrollo Económico (Mauritania): En 2025 se incorporó este ámbito mediante la producción agrícola como motor de empoderamiento para mujeres rurales.
Servicios Sociales (Marruecos): Durante 2024 se priorizó el acompañamiento integral a población migrante, garantizando el acceso a servicios básicos y protección ante la exclusión.

8.2. África Occidental: Agua, Salud y Crisis Humanitarias

La intervención se ha concentrado masivamente en Mali, país que por sí solo absorbió el 10,34% del presupuesto total en 2024 y 2025.

Salud y Seguridad Alimentaria: Se han ejecutado proyectos para mejorar la nutrición y la equidad en el acceso al sistema sanitario comunitario, con especial énfasis en mujeres y niñas.
Agua y Saneamiento: Este ámbito es crítico en Mali, donde se vincula el acceso al agua potable no solo con la salud, sino como una herramienta de prevención de conflictos intercomunitarios y atención a poblaciones desplazadas.
Emergencia: Además de la respuesta en Mali, en 2024 se realizó una campaña de vacunación infantil contra la meningitis en Costa de Marfil ante un riesgo vital inmediato.

8.3. África Central: El Escenario Emergente de Inversión

Esta subregión aparece en la programación de 2025, centrada exclusivamente en la República Democrática del Congo.

Agua y Desarrollo Económico: La intervención se canalizó íntegramente mediante la Modalidad A2 (Inversión), combinando el acceso al agua con la agricultura ecológica para fortalecer la seguridad alimentaria y la organización comunitaria de mujeres vulnerables.

9. Ámbitos de trabajo en América Latina

En estos dos años, Latinoamérica se ha consolidado como la zona de acción prioritaria indiscutible para la cooperación sevillana, captando el 58,29% del presupuesto total destinado a ONGD (2.019.795,45 €) y concentrando 17 intervenciones estratégicas.

La región concentra intervenciones complejas que combinan inversión material con procesos sociales, institucionales y comunitarios, priorizando ámbitos vinculados a la inclusión social, el desarrollo económico y la garantía de derechos básicos, con una presencia significativa de proyectos de inversión patrimonial.

Esta concentración convierte a América Latina en un territorio de despliegue y consolidación del modelo de cooperación sevillano, al integrar de forma sistemática enfoques transversales de género, derechos humanos y sostenibilidad ambiental en contextos de mayor estabilidad institucional. La continuidad de los procesos y la acumulación de aprendizajes técnicos refuerzan el impacto de las intervenciones, al tiempo que evidencian los riesgos asociados a una elevada focalización geográfica que condiciona la diversificación territorial del sistema.

9.1. Desarrollo Económico y Fortalecimiento Productivo

Es el motor principal para combatir la pobreza en una región de renta media donde la causa de la precariedad suele ser la exclusión.

• Tecnificación Agrícola: En Guatemala, la estrategia se centra en modernizar las herramientas del campo para asegurar la soberanía alimentaria y generar un crecimiento económico que perdure en el tiempo (Modalidad A2).

• Emprendimiento y Empleo Juvenil: En El Salvador, durante 2025, se han impulsado proyectos de gastronomía sostenible y agroecología diseñados para dotar de activos productivos y capacitación a jóvenes en situación de vulnerabilidad, fomentando su autonomía económica.

• Autonomía de las Mujeres: En Perú, se financian proyectos de subsistencia para mujeres indígenas quechua-hablantes, transformando a las beneficiarias en agentes de su propio desarrollo.

9.2. Servicios Sociales y Cohesión Comunitaria

Este ámbito busca reforzar las redes de protección para colectivos vulnerables, siendo el más frecuente en la región.

Inclusión Socioeconómica de Mujeres: Es el eje central en Colombia (específicamente en Medellín), donde se trabaja para reducir la brecha de desigualdad de género en contextos de alta vulnerabilidad.
Protección Multidimensional: En Bolivia y Guatemala, los servicios sociales se combinan con salud y seguridad alimentaria para garantizar procesos integrales de apoyo a familias rurales y excluidas.

9.3. Garantía de Derechos Básicos (Agua, Salud y Vivienda)

La región actúa como un laboratorio de inversión donde lo tangible se utiliza para restituir derechos fundamentales.

Agua y Saneamiento: Se concibe no solo como un servicio técnico, sino como una medida preventiva contra enfermedades y un motor de inclusión social. Bolivia es el mayor receptor de inversión en infraestructuras de agua (Modalidad A2), seguido por proyectos en comunidades indígenas de Perú.
Vivienda Digna: Un enfoque innovador en 2025 es el proyecto en Sacaba (Bolivia), que integra el acceso a un hábitat digno como condición indispensable para la inclusión social de mujeres en situación de exclusión.
Salud Rural: Se prioriza el fortalecimiento de sistemas sanitarios comunitarios en zonas rurales de Guatemala y el acceso a salud para mujeres indígenas en Perú.

9.4. Derechos Humanos y Prevención de Violencia

Este ámbito tiene una identidad muy marcada en el Cono Sur, especialmente orientada a la protección de colectivos específicos.

Diversidad Sexual: Perú destaca por intervenciones pioneras para el ejercicio de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, buscando su bienestar integral y empoderamiento socioeconómico para combatir la violencia estructural.
Construcción de Paz: La prevención de la violencia se integra de forma transversal en proyectos que buscan promover sociedades más pacíficas y justas en entornos de alta conflictividad social.

9.5. Enfoque de Género como Eje Vertebrador

Al igual que en la estrategia andaluza, el enfoque feminista impregna la mayoría de las intervenciones en Latinoamérica (presente en 5 de los 8 proyectos de 2024). Se utiliza como herramienta para atacar las raíces de la desigualdad, vinculando la inversión técnica con el empoderamiento político y económico de las mujeres rurales y urbanas.

10. Enfoque de género como eje transversal de los ámbitos de trabajo

En el bienio 2024-2025, el enfoque de género no se ha limitado a ser un componente secundario, sino que se ha consolidado como el eje vertebrador y transversal de la cooperación sevillana, alineándose con el ODS 5 (Igualdad de Género) y la estrategia feminista de la cooperación española. A pesar del cambio de paradigma técnico en 2025 hacia la inversión material (Modalidad A2), el género ha impregnado cada ámbito de trabajo, transformando intervenciones técnicas en herramientas de cambio estructural para combatir la feminización de la pobreza.

La integración del enfoque de género en los proyectos de inversión condiciona de manera directa el diseño, la ejecución y la sostenibilidad de las infraestructuras y de los procesos productivos financiados, reforzando la autonomía económica, la participación y el ejercicio efectivo de derechos por parte de las mujeres. Este planteamiento sitúa a las mujeres no como beneficiarias pasivas, sino como sujeto central del desarrollo, garantizando la coherencia de las intervenciones con los principios de equidad y justicia social que orientan la política municipal de cooperación.

10.1. Ámbito de Servicios Sociales e Inclusión

Este ha sido el ámbito donde el enfoque de género ha tenido mayor peso cualitativo, especialmente en Latinoamérica.

Inclusión Socioeconómica: En Colombia (Medellín), los proyectos se han centrado específicamente en reducir la brecha de desigualdad que sufren las mujeres en contextos de alta vulnerabilidad.
Empoderamiento de Mujeres Indígenas: En Perú, se han financiado iniciativas de subsistencia para mujeres quechuahablantes en Cajamarca, promoviendo que pasen de beneficiarias pasivas a agentes de su propio desarrollo.
Diversidad Sexual: La trascendencia del género se ha extendido a la protección de colectivos LGBTIQ+ en Perú, vinculando el bienestar integral con la prevención de la violencia estructural.

10.2. Ámbito de Infraestructuras y Servicios Básicos (Agua, Vivienda y Salud)

Con el giro hacia la Modalidad A2 en 2025, el género ha redefinido el concepto de «inversión material», alejándolo de la mera obra física para centrarlo en la restitución de derechos.

Agua y Saneamiento: En Bolivia (Villa Granado y Mizque), el acceso al agua segura se ha diseñado con un enfoque de género, reconociendo que la gestión hídrica reduce la carga de cuidados de las mujeres y mejora la salubridad comunitaria.
Vivienda Digna: En Sacaba (Bolivia), se ha implementado un proyecto pionero que vincula el acceso a un hábitat digno como condición indispensable para la inclusión social de mujeres excluidas.
Salud Comunitaria: En Mali, la inversión en infraestructura sanitaria se ha orientado específicamente a la equidad en el acceso para mujeres y niñas, fortaleciendo los sistemas de salud rural para reducir la mortalidad materna y neonatal.

10.3. Ámbito de Desarrollo Económico y Productivo

La cooperación sevillana ha entendido que la autonomía financiera de las mujeres es clave para romper ciclos de pobreza.

Agroecología: En El Salvador, los proyectos de 2025 fomentan la organización de mujeres frente al cambio climático mediante la agroecología, uniendo la sostenibilidad ambiental con la generación de ingresos propios.
Seguridad Alimentaria: En el Congo y Mauritania, la inversión en maquinaria y técnicas agrícolas se ha destinado al empoderamiento femenino, permitiendo que las mujeres rurales lideren la producción de alimentos y mejoren la nutrición de sus comunidades.
Economía Circular: En la selva de Perú, se han impulsado modelos productivos para mujeres basados en la economía circular, atacando la pobreza extrema desde la innovación social.

10.4. Ámbito de Educación y Sensibilización (Sevilla)

A nivel local, el género ha sido el motor de la Modalidad C, buscando transformar la conciencia de la ciudadanía sevillana.

Ecofeminismo: Proyectos como «Conectando Saberes» han introducido el ecofeminismo en los barrios, vinculando la igualdad de género con la justicia climática.
Coeducación en Aulas: Las intervenciones en centros escolares (ej. «Tejiendo cambios glocales») han integrado la perspectiva de género y la ciudadanía global para prevenir discursos de odio y promover relaciones de igualdad desde la infancia.

10.5. Ámbito de Acción Humanitaria y Emergencias

En contextos de crisis aguda, el género se ha aplicado para proteger a las personas más expuestas al daño.

Refugio y Salud: En los campamentos saharauis, la ayuda humanitaria ha incorporado el enfoque de género en la atención a víctimas de minas y personas con discapacidad, asegurando que la asistencia médica no sea ciega a las necesidades específicas de las mujeres en el refugio.
Conflictos Armados: En Palestina, la estrategia nexo se ha enfocado en la protección de la dignidad de mujeres y niños bajo ocupación, defendiendo sus derechos humanos fundamentales ante el colapso de los sistemas ordinarios.

10.6. Impacto del enfoque de género en las mujeres rurales

El impacto del enfoque de género en las mujeres rurales dentro de los marcos de cooperación analizados resulta profundo y transformador, al dejar de situarlas como sujetos pasivos de ayuda para reconocerlas como agentes centrales de su propio desarrollo. Este enfoque actúa como eje vertebrador de la estrategia de cooperación, al incidir directamente en las causas estructurales de la feminización de la pobreza y en las desigualdades de poder presentes en el ámbito comunitario.

Durante este período analizado, esta orientación se materializa mediante una estrategia dual, que combina, por un lado, el mantenimiento de acciones específicas dirigidas exclusivamente a mujeres —en línea con la referencia andaluza, donde estas representan el 20 % del presupuesto— y, por otro, la transversalización efectiva del enfoque de género en proyectos de carácter técnico, como los vinculados al agua o a la agricultura. Esta integración garantiza que la cooperación impulsada desde Sevilla no se limite a la construcción de infraestructuras, sino que contribuya de manera activa a la transformación de las causas estructurales de la desigualdad de género a escala global, generando efectos concretos y complementarios en los distintos planos de la vida social, económica y organizativa de las mujeres rurales, que se desarrollan a continuación.

a. Autonomía Económica y Soberanía Alimentaria

El enfoque de género impulsa la independencia financiera de las mujeres mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas y el acceso a recursos:

Empoderamiento a través del agro: En países como Mauritania y la República Democrática del Congo, el enfoque de género se traduce en inversiones para aumentar la producción agrícola y fomentar la agricultura ecológica, permitiendo que las mujeres rurales lideren la nutrición de sus familias y generen ingresos sostenibles.
Tecnificación y Formación: En Perú, se ejecutan proyectos específicos para mejorar la subsistencia económica de mujeres indígenas quechuahablantes y madres cabeza de hogar, vinculando la producción local (como el aguaymanto) con el acceso a mercados y la seguridad alimentaria.
Emprendimiento Rural: La estrategia andaluza prioriza el apoyo a mujeres emprendedoras en el sector primario, facilitando asesoramiento para la creación de empresas innovadoras y el fomento de cooperativas que mejoren su posición en la cadena de distribución.

b. Acceso Garantizado a Derechos Básicos

El enfoque de género redefine la provisión de infraestructura material (Modalidad A2) para asegurar que responda a las necesidades específicas de las mujeres:

Agua y Saneamiento: El acceso al agua segura no se trata solo como una obra técnica, sino como una herramienta de equidad. En Bolivia (Villa Granado y Mizque), los proyectos de agua se diseñan para reducir la carga de cuidados que recae sobre las mujeres y mejorar la salubridad del hogar.
Vivienda Digna: En Sacaba (Bolivia), se implementan proyectos que reconocen el hábitat digno como una condición indispensable para la inclusión social de mujeres en situación de exclusión, vinculando la propiedad y la mejora de la vivienda con el empoderamiento.
Salud Comunitaria: En Mali (Ouéléssébougou), el enfoque de género dirige la inversión hacia la equidad en el acceso al sistema de salud comunitario, reforzando la atención primaria para mujeres y niñas en zonas rurales aisladas.

c. Resiliencia ante la Crisis Climática

Las mujeres rurales son las más vulnerables ante los efectos del cambio climático y suelen constituir la mayoría de los desplazados ambientales.
Agroecología y Clima: En El Salvador, se impulsan proyectos de mujeres rurales organizadas contra el cambio climático a través de la agroecología, transfiriendo conocimientos y herramientas organizativas que les permitan enfrentar sequías y degradación ambiental desde sus propios territorios.
Doble Transversalidad: Se aplica una estrategia que combina la sostenibilidad ambiental con la equidad de género, asegurando que las medidas de adaptación climática no ignoren los patrones de producción y consumo de las mujeres.

d. Protección y Prevención de Violencias

El enfoque de género en entornos rurales también actúa como un mecanismo de seguridad y paz:

Prevención de Conflictos: En el Sahel (Mali), se integra la prevención de la violencia en proyectos de gestión de recursos naturales, reconociendo que el acceso al agua es un detonante de tensiones intercomunitarias que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.
Derechos Humanos y Diversidad: Se promueve la protección de colectivos rurales vulnerables, incluyendo mujeres indígenas y población LGBTIQ+, combinando el acompañamiento social con la defensa de sus derechos fundamentales ante la violencia estructural.

e. Estrategia Operativa y Presupuestaria

Para asegurar que este impacto sea real y no solo teórico, la cooperación andaluza aplica una estrategia dual:

Acciones Específicas: El compromiso de destinar al menos el 20% de las ayudas exclusivamente a proyectos pro-equidad de género.
Transversalización: La obligación de integrar la perspectiva de género en todas las fases de cualquier proyecto, ya sea de infraestructura, educación o salud, garantizando que ninguna intervención sea neutral al género y que todas contribuyan a relaciones más equitativas.

10. 7. Importancia del enfoque de género en los proyectos de agua

El enfoque de género transforma los proyectos de agua de ser simples intervenciones técnicas de infraestructura en herramientas estratégicas para la inclusión social y la reducción de desigualdades estructurales. En la cooperación internacional, especialmente en países como Bolivia y Mali, la gestión del agua se vincula directamente con el empoderamiento de las mujeres y la protección de colectivos vulnerables, reconociendo que la falta de acceso a este recurso afecta de manera desproporcionada a la población femenina. Hemos identificado las siguientes dimensiones de impacto:

a. Transformación de la Infraestructura en Derecho Humano

La integración de la perspectiva de género permite que los proyectos de la Modalidad A2 (Inversión) no se limiten a la construcción de pozos o redes, sino que garanticen el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento.

Bolivia como referente: En intervenciones como las de Villa Granado y Sacaba, la inversión en agua y saneamiento se diseña específicamente para mejorar la salubridad y actuar como un motor de inclusión social para las mujeres, vinculando el acceso al recurso con el derecho a una vivienda digna.
Superación del rol pasivo: El enfoque de género busca que las mujeres pasen de ser beneficiarias pasivas a agentes de su propio desarrollo, participando en la gestión y mantenimiento de los sistemas hídricos.

b. Respuesta a Crisis Humanitarias y Desplazamientos

En contextos de conflicto o emergencia, el enfoque de género es una cualidad diferenciadora que orienta la ayuda hacia las necesidades específicas de mujeres y niñas.

Población desplazada en Mali: Los proyectos de acción humanitaria (Modalidad B) en regiones como Bamba integran la provisión de agua con la prevención de violencia y la protección de derechos humanos, reconociendo que el acceso al agua es un detonante crítico de conflictos intercomunitarios que afecta gravemente a las mujeres desplazadas.
Resiliencia climática: Dado que la mayoría de los desplazados climáticos son mujeres, los proyectos de agua se alinean con la meta de aumentar la resiliencia de las comunidades ante sequías y fenómenos meteorológicos extremos, aplicando una «doble transversalidad» de género y sostenibilidad ambiental.

c. Vínculo con la Seguridad Alimentaria y la Autonomía Económica

El enfoque de género permite conectar los recursos hídricos con la soberanía alimentaria y la generación de ingresos.

Agricultura ecológica en el Congo: Se ejecutan proyectos que combinan el acceso al agua con la agricultura sostenible para fortalecer las capacidades organizativas de las mujeres rurales, permitiéndoles mejorar la nutrición comunitaria y su propia autonomía financiera.
Impacto en la salud: El acceso al agua segura bajo este enfoque se concibe como una medida preventiva eficaz contra enfermedades y mortalidad materna, reduciendo la carga de cuidados que tradicionalmente recae sobre las mujeres.

d. Fortalecimiento Institucional y Capacitación

El IV Plan Andaluz de Cooperación destaca que la gestión del agua debe apoyarse en el fortalecimiento de las instituciones locales y la sociedad civil con perspectiva de género.

Alianzas estratégicas: Organizaciones como la Fundación Madrazo implementan proyectos en los que el componente técnico (infraestructura) se complementa obligatoriamente con atención social y formación para asegurar la sostenibilidad del recurso en manos de la comunidad local, priorizando la participación femenina.
Indicadores de rendición de cuentas: El seguimiento de estos proyectos incluye indicadores específicos sobre el número de mujeres que acceden a recursos de producción y el refuerzo de capacidades en organismos públicos competentes en materia de igualdad.

10.8. ¿Cómo benefician los proyectos de agua a las mujeres rurales?

Los proyectos de agua y saneamiento benefician a las mujeres rurales al transformar infraestructuras técnicas en herramientas estratégicas para reducir las desigualdades estructurales y combatir la feminización de la pobreza. Estas intervenciones no solo proveen un recurso vital, sino que actúan como palancas para la equidad, orientando la inversión hacia quienes más la necesitan e incorporando un enfoque de derechos que garantiza la dignidad en el hogar.

Principales beneficios identificados en los proyectos de cooperación:

a. Mejora de la Salud y Prevención de Enfermedades

El acceso al agua potable se concibe como una medida preventiva eficaz contra enfermedades y mortalidad, impactando directamente en la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Reducción de riesgos sanitarios: En contextos rurales desfavorecidos, como en comunidades indígenas de Perú o aldeas de Mali, el agua segura mejora los indicadores de salud comunitaria y reduce la carga de cuidados que tradicionalmente recae sobre las mujeres.
Atención integral: En países como Bolivia, los proyectos combinan la infraestructura de agua con la mejora de la salud comunitaria desde un enfoque de género, asegurando que el acceso al recurso facilite la higiene y el bienestar físico.

b. Autonomía Económica y Seguridad Alimentaria

Los proyectos de agua están estrechamente vinculados al fortalecimiento de los medios de vida y la capacidad productiva de las mujeres rurales.

Impulso a la agricultura: En la República Democrática del Congo, se combina el acceso al agua con la agricultura ecológica, lo que permite a las mujeres rurales mejorar la producción de alimentos, fortalecer su organización comunitaria y generar ingresos sostenibles.
Nutrición comunitaria: La gestión del agua permite asegurar la soberanía alimentaria, transformando la producción local en una herramienta de empoderamiento económico para las madres cabeza de hogar.

El enfoque de género permite que las mujeres rurales pasen de ser beneficiarias pasivas a agentes de su propio desarrollo.

Derecho Humano al Agua: En intervenciones como las de Villa Granado y Sacaba (Bolivia), la inversión en infraestructura se utiliza como motor de inclusión social, vinculando el agua con el derecho a una vivienda digna para mujeres en situación de exclusión.
Fortalecimiento organizativo: Se invierte en competencias técnicas locales y estructuras organizativas para que las mujeres lideren la gestión y mantenimiento de los sistemas hídricos, garantizando una sostenibilidad que resida en las personas y no solo en las obras físicas.

d. Prevención de Conflictos y Resiliencia Climática

En regiones de alta vulnerabilidad como el Sahel, el agua es un factor determinante para la paz y la seguridad.

Reducción de tensiones: En Mali, los proyectos garantizan agua potable a poblaciones desplazadas con el objetivo explícito de reducir los conflictos intercomunitarios derivados de la escasez de recursos naturales, protegiendo así a las mujeres y niñas de la violencia asociada a estas crisis.
Adaptación al clima: Disponer de sistemas de agua seguros es clave para que las mujeres rurales puedan enfrentar las sequías y la degradación ambiental provocada por el cambio climático, aumentando la resiliencia de sus comunidades.

Ámbitos de trabajo y prioridades sectoriales de la cooperación municipal (2024–2025)