Informe La Provincia Coopera 2025

1. El Informe La Provincia Coopera 2025

El Informe La Provincia Coopera 2025 inicia una nueva línea de trabajo entre la Diputación de Sevilla y la ASONGD, fruto del convenio La Provincia Coopera I suscrito este año 2025 y que está orientado a fortalecer las capacidades de los municipios, promover la participación ciudadana y visibilizar el compromiso provincial con la cooperación internacional y la Agenda 2030.

Este convenio incorpora, en su Actividad 8, la generación de un informe anual que visibilice el trabajo conjunto entre la Unidad de Cooperación al Desarrollo y las ONGD de la provincia. Con esta primera edición, ASONGD consolida un instrumento estable de análisis y difusión pública sobre la cooperación descentralizada en Sevilla, ampliando el recorrido iniciado dos años atrás con los informes municipales Sevilla Coopera.

Entre 2023 y 2024, los informes elaborados para el Ayuntamiento de Sevilla permitieron documentar tendencias de financiación, prioridades geográficas, evolución de los presupuestos municipales, capacidades del sector y retos estructurales de la cooperación local. También ofrecieron una lectura crítica del papel de las ONGD y del ecosistema institucional, destacando la necesidad de fortalecer la coherencia de políticas, mejorar los mecanismos de coordinación y reforzar la educación para la ciudadanía global. Con La Provincia Coopera 2025, este ejercicio de análisis se expande al ámbito provincial, incorporando a las Entidades Locales, Mancomunidades y Consorcios como actores clave del desarrollo humano sostenible desde el territorio.

El informe se concibe como un instrumento de continuidad anual y tiene como finalidad aportar una radiografía rigurosa y operativa para administraciones, ONGD y ciudadanía. Su enfoque se alinea con la Agenda 2030, el marco de derechos humanos y los principios de la cooperación descentralizada, con el objetivo de contribuir a la mejora del diseño, la implementación y la rendición de cuentas de la política provincial de cooperación.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2025–2027 constituye el principal marco de planificación que orienta la cooperación internacional de la Diputación de Sevilla. Además de definir la distribución de recursos, establece objetivos, prioridades y criterios de intervención en coherencia con la Agenda 2030, con atención a retos globales como pobreza, desigualdad, crisis climática y debilitamiento institucional. En este sentido, el plan enmarca la cooperación como una política pública con proyección exterior y con implicaciones para la cohesión territorial y la participación ciudadana.

La Diputación asume esta responsabilidad alineándose con los grandes marcos internacionales —Agenda 2030, Acuerdo de París, Alianza Global para la Cooperación Eficaz o la Agenda de Financiación para el Desarrollo— y situando la cooperación como una política con vocación de continuidad, con capacidad para reforzar tanto la cohesión interna del territorio como su contribución al desarrollo humano sostenible en países socios. Desde esta mirada, el plan apuesta por fortalecer instituciones, mejorar condiciones de vida, promover la sostenibilidad ambiental y acercar la ciudadanía sevillana a los retos globales. Para hacerlo operativo, se articula a través de cuatro líneas complementarias, cada una con su propia lógica y alcance.

Línea 1: Convocatoria de Entidades Locales

Esta línea habilita a ayuntamientos, mancomunidades y consorcios de la provincia para ejecutar proyectos de cooperación internacional en países socios. La convocatoria se publica anualmente en régimen de concurrencia competitiva y contempla una financiación de hasta el 80%, con una dotación prevista de 430.000 € por ejercicio según el Plan Estratégico 2025–2027. Su diseño busca facilitar la implicación del ámbito local en la cooperación descentralizada, combinando proximidad institucional y corresponsabilidad financiera.

Línea 2: Convocatoria de ONGD

La segunda línea se dirige a ONGD con capacidad técnica para formular y ejecutar proyectos en sectores como salud, educación, igualdad de género, agua y saneamiento, seguridad alimentaria o fortalecimiento comunitario. La convocatoria contempla una financiación de hasta el 80% y una dotación anual de 779.850 € hasta 2027, lo que la sitúa como el principal instrumento presupuestario del sistema provincial. Su continuidad contribuye a sostener intervenciones de mayor especialización y alcance.

Línea 3: Convenios específicos con FAMSI

La tercera línea se apoya en una alianza estratégica: el vínculo entre la Diputación y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). Estos convenios permiten impulsar proyectos que trascienden la lógica de las convocatorias anuales, apostando por la cooperación entre gobiernos locales, el intercambio técnico y la participación en redes internacionales.

Programas como Move Green, E-VOICE, Sur-Ma Route, la red de bibliotecas por los ODS o el apoyo al Foro Mundial de Desarrollo Económico Local forman parte de esta línea, que en 2024 movilizó 245.000 €. Es un espacio que proyecta a Sevilla hacia el exterior, fortaleciendo su papel en la agenda global y conectándola con otras ciudades y territorios que afrontan desafíos similares.

Línea 4: Cooperación directa

La cuarta línea funciona como un mecanismo flexible para atender necesidades urgentes o apoyar iniciativas estratégicas que, por su naturaleza, requieren una tramitación más ágil. Es una herramienta útil para reforzar proyectos de alto valor humanitario, social o institucional y garantizar capacidad de respuesta ante contextos cambiantes. Aunque en 2024 no se concedieron ayudas a través de esta modalidad, su existencia completa la arquitectura del sistema provincial de cooperación.

A esto sumar, que el 13 de agosto de 2025 se aprobó la Modificación de la Resolución Nº 1547/2025, de 22 de marzo por la que se ratificaba El Plan Estratégico de Subvenciones 2025–2027. La aprobación de esta modificación añadía dos nuevas líneas de actuación:

Línea 5: Convenio específico con la Asociación Sevillana de ONGD- ASONGD

Desde la Diputación de Sevilla se pretende la colaboración con la ASONGD para fomentar la participación y fortalecer la capacidad de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil con presencia en la provincia de Sevilla para mover por un lado, la concienciación y movilización de la ciudadanía con la solidaridad internacional , y por otro, el impulso y fortalecimiento de una política pública de cooperación internacional al desarrollo en el ámbito municipal y provincial.

Línea 6: Convenio específico con la Asociación Andalucía Cuba.

Desde la Diputación se pretende la reactivación del Centro Andaluz de La Habana mediante este convenio específico con la Asociación Andalucía Cuba.

Una visión estratégica compartida

Las seis líneas, en conjunto, dibujan una estrategia coherente que combina la fuerza del municipalismo, la especialización de las ONGD, la capacidad de articulación de redes como FAMSI y el liderazgo institucional de la Diputación. Esta visión compartida se sostiene en varios pilares:

• Alineación real con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos ligados a la reducción de la pobreza (ODS 1), salud (ODS 3), educación (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), agua y saneamiento (ODS 6), trabajo decente (ODS 8), reducción de desigualdades (ODS 10), acción climática (ODS 13) y alianzas para el desarrollo (ODS 17).

• Coherencia de políticas, integrando lo social, lo económico, lo ambiental y lo institucional para garantizar intervenciones consistentes y sostenibles.

• Protagonismo de los actores locales, entendiendo que municipios y ONGD son agentes insustituibles para impulsar una cooperación cercana, transformadora y sensible a los contextos.

• Compromiso con los derechos humanos, prestando atención prioritaria a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

• Apuesta por las alianzas y el multilateralismo, reforzando la presencia de la provincia en redes nacionales y globales de cooperación.

Esta arquitectura operativa de cooperación descentralizada, entendida como el conjunto de instrumentos de financiación (convocatorias, convenios y ayudas directas), mecanismos de planificación y seguimiento, y actores implicados —Diputación, Entidades Locales, ONGD y redes municipales— que permiten articular una acción internacional coherente y alineada con los compromisos globales. Sobre esta base, resulta posible analizar con mayor detalle cómo se desarrollan cada una de las líneas de actuación, su alcance real y su contribución al sistema provincial de cooperación.

3.1. Introducción: una fotografía del contexto presupuestario

El comportamiento presupuestario de la Diputación de Sevilla en materia de cooperación internacional entre 2021 y 2024 dibuja un escenario complejo, marcado por avances irregulares, ajustes anuales y una desigual distribución entre ONGD y Entidades Locales. Aunque se mantiene un compromiso institucional sostenido, la evolución evidencia fluctuaciones significativas tanto en la asignación como en la ejecución, lo que genera tensiones entre el discurso que subraya la importancia del municipalismo en la cooperación descentralizada y la realidad efectiva de los recursos destinados a los gobiernos locales.

Mirar este escenario desde una perspectiva más amplia permite entender mejor sus matices. Sevilla y Málaga, las dos provincias más pobladas de Andalucía, comparten un tamaño territorial y un número de municipios similar, aunque siguen trayectorias económicas distintas: Sevilla concentra la capitalidad autonómica y buena parte de la administración regional, mientras que Málaga se caracteriza por una economía más dinámica, vinculada al turismo internacional, la innovación y la inversión exterior. Córdoba, con una población menor y un tejido económico más reducido, mantiene sin embargo un perfil institucional activo y sostenido en materia de cooperación.

Las diferencias en riqueza provincial también ayudan a contextualizar estas dinámicas. Los PIB per cápita de 2023 muestran un escalón suave —Sevilla ligeramente por encima, seguida de Málaga y después Córdoba—, lo que refleja un potencial económico relativamente comparable entre provincias, aunque con matices importantes en su estructura productiva. Sin embargo, al observar el presupuesto destinado a cooperación, la comparación ofrece una lectura distinta: Córdoba, pese a disponer de menos recursos globales, moviliza un volumen para cooperación muy similar al de Sevilla y es la provincia andaluza que más se ha acercado al histórico compromiso del 0,7 %, alcanzando en su mejor ejercicio alrededor del 0,6 %, antes de descender de forma sostenida hasta situarse en torno al 0,42 % en 2025. Málaga, por su parte, mantiene desde hace años una cuantía estable que, al no crecer al ritmo de su presupuesto general, ha reducido progresivamente su esfuerzo relativo.

Esta comparación muestra que la prioridad que una provincia otorga a la cooperación no depende solo de su capacidad económica, sino también de la existencia de una voluntad política clara y de una cultura institucional que apoye estas políticas. A ello se suman dinámicas internas que pueden impulsarlas o frenarlas, como la estabilidad de los equipos de gobierno o los equilibrios de poder entre áreas y tenencias, que en ocasiones favorecen la cooperación y en otras la relegan frente a otras prioridades. Con este marco, es posible analizar con mayor precisión la evolución de los recursos destinados a cooperación en Sevilla entre 2021 y 2025 y su impacto en el conjunto del sistema provincial.

La evolución del presupuesto de cooperación al desarrollo de la Diputación de Sevilla ofrece una lectura nítida: a pesar del aumento sostenido del presupuesto general, la cooperación no ha experimentado un crecimiento equivalente, lo que provoca un desplazamiento progresivo de su peso relativo dentro de las políticas públicas provinciales. El análisis detallado de los presupuestos iniciales entre 2019 y 2025 muestra una divergencia clara entre el comportamiento del presupuesto total y el de cooperación, así como una pérdida sostenida de la centralidad de esta política en términos porcentuales.

Entre 2019 y 2021, los recursos destinados a cooperación se reducen ligeramente en dos ejercicios consecutivos, con descensos interanuales en torno al 1,2 % en 2020 y al 4,2 % en 2021. Estos años, marcados por la pandemia, se caracterizan por la reorganización del gasto provincial hacia prioridades internas y por la ralentización de numerosos proyectos de alcance internacional. A pesar de que el presupuesto general creció en esos mismos ejercicios, el esfuerzo relativo en cooperación se redujo del 0,33 % al 0,30 %, señalando una primera fase de contención.

La reactivación pospandemia de 2022 produce un repunte significativo con un incremento aproximado del 17 %. Este aumento se acompaña, además, de un crecimiento notable del presupuesto general, lo que refleja un momento de expansión institucional. A partir de 2023 se observa una nueva fase, marcada por la estabilización en cifras absolutas, pero acompañada de un descenso relativo dentro del presupuesto global. Mientras la cooperación se mantiene en torno a los 1,48 millones de euros, el presupuesto general continúa su trayectoria ascendente. El contraste se mantiene en 2025, aunque con una inflexión parcial respecto a la tendencia observada desde 2023. Ese año, el presupuesto total de la Diputación vuelve a crecer de forma significativa, con un incremento cercano al 10 %, y la partida de cooperación experimenta también un aumento moderado del 1,86 %, situándose en 1.530.354,22 euros. Este crecimiento permite recuperar parcialmente el peso relativo de la cooperación, aunque se mantiene todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia y del umbral del 0,3 %, consolidando una cierta situación de fragilidad estructural en términos de prioridad presupuestaria.

La cooperación provincial crece menos que el conjunto del presupuesto, y pierde peso político e institucional.

Si se amplía la mirada al conjunto del periodo 2019–2025, la brecha sigue siendo significativa, aunque matizada por el repunte de 2025. El presupuesto provincial ha aumentado en torno a un 36 %, mientras que la cooperación presenta un crecimiento acumulado muy limitado y discontinuo. En términos relativos, la cooperación pasa de representar aproximadamente el 0,33 % del presupuesto total al 0,28 %, lo que supone una pérdida cercana al 15 % de su peso dentro del conjunto de políticas provinciales. Aunque se dota de recursos a la cooperación en 2025, su relevancia institucional sigue siendo frágil y dependiente de decisiones coyunturales más que de una senda sostenida de crecimiento.

Este comportamiento cobra aún mayor importancia a la luz del marco normativo vigente. Aunque el Estatuto de Autonomía de Andalucía no fija un porcentaje concreto para la cooperación, sí establece el compromiso de orientar la acción exterior hacia los principios de la Agenda 2030. A nivel estatal, la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (Ley 1/2023 de 20 de febrero) ha elevado a rango legal el objetivo de destinar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030, un compromiso que afecta al conjunto de administraciones públicas, incluidas las autonómicas y locales. En este contexto, la Diputación de Sevilla —como institución con presencia activa en los debates internacionales— enfrenta el reto de alinear su planificación con este horizonte. Sin embargo, la reducción del peso relativo de la cooperación en su presupuesto muestra una distancia creciente entre las metas normativas y la prioridad financiera efectiva que recibe esta política pública.

El análisis de las dinámicas del periodo 2021–2025 permite comprender no solo la evolución del gasto y su distribución, sino, sobre todo, el papel que desempeñan los actores del sistema provincial de cooperación. La cooperación impulsada por la Diputación de Sevilla se articula fundamentalmente a través de dos convocatorias diferenciadas —dirigidas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y a Entidades Locales, Mancomunidades y Consorcios— que convierten a estos sujetos en agentes activos de la política pública de cooperación, responsables de traducir los marcos estratégicos y presupuestarios en intervenciones concretas sobre el terreno.

Ambas convocatorias operan como instrumentos habilitadores que determinan quién puede participar, en qué condiciones y con qué capacidades. A través de ellas, las ONGD y las Entidades Locales, Mancomunidades y Consorcios no actúan únicamente como entidades beneficiarias de fondos, sino como corresponsables en el diseño, ejecución y seguimiento de los proyectos, asumiendo funciones de planificación, gestión y rendición de cuentas. Sin embargo, el acceso a estas convocatorias y la capacidad para aprovecharlas de forma sostenida no es homogéneo: las diferencias en estructura organizativa, recursos humanos y experiencia previa generan comportamientos divergentes entre ambos actores, que se reflejan tanto en la evolución anual del gasto como en el reparto final de los recursos.

Desde esta perspectiva, el análisis del periodo 2021–2025 se centra en cómo estas dos convocatorias configuran un sistema de cooperación a dos velocidades, en el que la profesionalización y estabilidad de las ONGD convive con una participación municipal más irregular y condicionada por factores administrativos, técnicos y políticos. Esta lectura permite abordar, a continuación, las tendencias anuales, las diferencias en capacidad de ejecución y las implicaciones que estas dinámicas tienen para el modelo de cooperación descentralizada de la provincia de Sevilla.

Tendencias anuales: entre la recuperación pospandemia y la desaceleración reciente

Entre 2021 y 2024, la cooperación provincial evoluciona en tres fases claramente diferenciadas. En 2021 predomina la contención: las ONGD reducen su ejecución en torno a un 22 % respecto al presupuesto inicial, mientras que las Entidades Locales registran un descenso más moderado, cercano al 6 %, reflejo del impacto aún latente de la pandemia. En 2022 se produce una recuperación visible, con un incremento del gasto en cooperación de alrededor del 17 %, situando la ejecución en cifras próximas a los 600.000 € en ONGD y 418.000 € en Entidades Locales.

A partir de 2023, el sistema entra en una fase de estabilización desequilibrada: las ONGD superan los 680.000 € ejecutados, mientras que los municipios descienden hasta el entorno de los 340.000 €, una diferencia que se amplía en 2024, cuando las ONGD absorben cerca de 780.000 € frente a algo más de 330.000 € de las Entidades Locales. En conjunto, la secuencia anual confirma un modelo cada vez más apoyado en el sector ONG y con una participación municipal más irregular y frágil.

El ejercicio 2025 introduce una dinámica diferenciada respecto a los años inmediatamente anteriores. La convocatoria ONGD registra un incremento muy significativo, con un aumento del 52,84 % y una dotación que supera por primera vez el millón de euros (1.118.014 €), tras la aprobación de una cuantía adicional para proyectos cuyos gastos mayoritarios sean en materiales no inventariables de 345.000€, permitiendo financiar 33 proyectos y aliviar parcialmente la presión acumulada en ejercicios anteriores. Por su parte, la convocatoria dirigida a Entidades Locales también crece de forma notable (+24,73 %), alcanzando los 412.340 €, con 19 proyectos financiados. Este comportamiento refuerza el carácter asimétrico del sistema: mientras la línea ONGD consolida su papel como eje central de la cooperación provincial, la participación municipal sigue mostrando una elevada sensibilidad a factores técnicos y administrativos, incluso en contextos de mayor disponibilidad presupuestaria.

Reparto de recursos y volumen de proyectos: una asimetría creciente entre ONGD y Entidades Locales

Los datos del periodo 2021–2025 muestran que la diferencia entre ambas convocatorias no se expresa únicamente en términos presupuestarios, sino también en el número de proyectos financiados, configurando un desequilibrio progresivo tanto en volumen de recursos como en capacidad de absorción del sistema.

En los primeros años del periodo, las diferencias son moderadas pero ya estructurales. En 2021, la convocatoria ONGD gestiona un 40,6 % más de presupuesto que la dirigida a Entidades Locales (505.577,78 € frente a 359.733,40 €), pese a financiar menos proyectos (23 frente a 25). En 2022 se reproduce un patrón similar: la línea ONGD concentra un 43,3 % más de recursos, con el mismo número de proyectos aprobados (23), mientras que las Entidades Locales mantienen un mayor volumen de iniciativas (26).

A partir de 2023 se produce un punto de inflexión claro. Ese año, la convocatoria ONGD no solo supera a la municipal en presupuesto, sino que duplica prácticamente su dotación, con una diferencia a favor del 100,1 %, y pasa a financiar más proyectos (26 frente a 22). Esta brecha se amplía en 2024, cuando las ONGD concentran un 135,9 % más de presupuesto que las Entidades Locales y ejecutan 28 proyectos frente a 18, consolidando una distancia tanto cuantitativa como operativa.

El ejercicio 2025 intensifica esta dinámica. La convocatoria ONGD alcanza los 1.118.014 €, frente a los 412.340 € de la línea de Entidades Locales, lo que supone una diferencia del 171,1 % a favor de las ONGD, la más elevada de todo el periodo. Esta brecha presupuestaria se acompaña también de una fuerte divergencia en número de proyectos: 33 proyectos ONGD frente a 19 municipales, es decir, un 73,7 % más de iniciativas financiadas en la línea ONG.

En conjunto, el análisis del periodo confirma una doble asimetría acumulativa. Mientras que en los primeros años la desigualdad se concentraba fundamentalmente en el presupuesto, en los ejercicios más recientes se produce una convergencia entre mayor financiación y mayor número de proyectos en la convocatoria ONGD. Este desplazamiento refuerza el carácter estructural de un modelo de cooperación provincial crecientemente apoyado en el sector ONG, al tiempo que evidencia las limitaciones persistentes de la convocatoria municipal para traducir incrementos presupuestarios en una participación sostenida y equivalente en términos de volumen y continuidad de proyectos.

La participación de los municipios de la provincia de Sevilla en la convocatoria de Entidades Locales refleja un nivel moderado y estructuralmente limitado de implicación en la cooperación internacional, con una media del 23,32 % de los 106 municipios entre 2021 y 2025. Tras una participación relativamente estable en los primeros años —con 25 y 26 municipios en 2021 y 2022—, se observa una progresión descendente a partir de 2023. En conjunto, esta evolución pone de manifiesto que la cooperación municipal sigue siendo una práctica asumida por una minoría del territorio, sensible a la voluntad política, a cambios administrativos y presupuestarios, y con dificultades para consolidarse como una política pública local sostenida en la mayoría de administraciones locales.

Más allá de la evolución cuantitativa, los datos ponen de manifiesto desigualdades estructurales entre municipios. La capacidad para participar de forma continuada en la convocatoria de EELL está estrechamente vinculada al tamaño del ayuntamiento, a la disponibilidad de personal técnico especializado o a la existencia de estructuras administrativas estables. En muchos municipios pequeños y medianos, la cooperación internacional no cuenta con unidades específicas y se integra en áreas generalistas —como servicios sociales, participación ciudadana o medio ambiente—, lo que limita la especialización y dificulta la continuidad de las iniciativas.

A ello se suma que la convocatoria de Entidades Locales promueve un modelo de cofinanciación, en el que los proyectos deben ser financiados conjuntamente por la Diputación y el propio municipio. Este enfoque refuerza la corresponsabilidad institucional y el compromiso político local, pero introduce una exigencia adicional para ayuntamientos con menor margen presupuestario. La combinación de aportación de recursos propios, carga administrativa, rotación de personal y complejidad de los procedimientos de formulación, ejecución y justificación de proyectos actúa como un factor disuasorio para una parte significativa de los municipios.

Intensidad presupuestaria y escala municipal: esfuerzo acumulado y gasto por habitante

En este contexto, la participación municipal aparece concentrada en un número limitado de ayuntamientos con mayor capacidad organizativa, mientras que una parte significativa del territorio provincial queda al margen de forma recurrente. Esta realidad no cuestiona el papel potencial de los municipios en la cooperación descentralizada, pero sí evidencia los límites actuales del modelo y la necesidad de reforzar capacidades técnicas, acompañamiento institucional y mecanismos de apoyo si se pretende ampliar y estabilizar la implicación del ámbito local en las políticas provinciales de cooperación.

La lectura conjunta de los datos de los 15 municipios más activos confirma que la participación municipal en la convocatoria de Entidades Locales es desigual según tamaño y capacidad institucional, y que el volumen absoluto de recursos no siempre refleja el esfuerzo real realizado.

Municipios grandes y medianos —como Dos Hermanas, Écija o La Rinconada— mantienen un compromiso estable en las cinco convocatorias (2021–2025) aunque su gasto per cápita es muy reducido, mientras que municipios pequeños son capaces de movilizar presupuestos similares  con menos recursos administrativos como La Puebla de los Infantes (2949 habitantes) o Pedrera (5057), movilizan cada una más de 100.000 euros en estos 5 años. Junto a estos, otros municipios como El Real de la Jara (1517 habitantes) o Salteras (5604 habitantes) muestran esfuerzos absolutos más muy alto, con gastos por habitante que superan los 35–45 € per capita, mostrando una apuesta proporcionalmente mucho más intensa por esta línea de cooperación.

Desde una perspectiva institucional, la recurrencia temporal emerge como un indicador clave. La presencia continuada en las cinco convocatorias —registrada en la mayoría de los municipios analizados— apunta a cierta institucionalización de la cooperación municipal, asociados a rutinas administrativas, aprendizaje técnico y voluntad política sostenida. El propio diseño de la convocatoria, basado en la cofinanciación entre Diputación y ayuntamiento, refuerza estas dinámicas: favorece la corresponsabilidad y la continuidad allí donde existen capacidades consolidadas, pero tiende a limitar la extensión de la cooperación municipal más allá de un núcleo reducido de ayuntamientos, planteando el reto de ampliar la base territorial de participación sin profundizar las desigualdades existentes.

Como resultado, la participación municipal tiende a concentrarse en un grupo reducido de ayuntamientos con mayor capacidad organizativa y financiera, o con experiencia previa en la justificación de proyectos, mientras que una amplia mayoría queda al margen de forma recurrente. En la práctica, la convocatoria de Entidades Locales acaba siendo más útil para los municipios que ya cuentan con equipos y experiencia que para el conjunto de entidades municipales de la provincia. Esto no pone en duda que los ayuntamientos puedan jugar un papel importante en la cooperación descentralizada, pero sí deja claro que el modelo actual tiene límites. Si se quiere que más municipios se sumen y mantengan su implicación en las políticas provinciales de cooperación internacional, es necesario reforzar el acompañamiento técnico, el apoyo institucional y simplificar los trámites administrativos.

Nota: En el análisis se excluye expresamente a la Mancomunidad de Servicios de la Vega, que participa en las convocatorias de 2021 y 2022 con dos proyectos por un importe conjunto ligeramente superior a los 46.000 euros. Esta exclusión responde a un criterio metodológico: la Mancomunidad es una entidad supramunicipal, con un ámbito de actuación que abarca más de 30 municipios y cerca de 300.000 habitantes, y su inclusión distorsionaría la lectura de la participación estrictamente municipal.
Sin embargo, se contabiliza a los municipios de la Mancomunidad de municipios de la Comarca de Écija como una sola entidad, aunque en el mapa aparecen todos los municipios de este: Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, La Luisiana, La Campana y Écija; organizadas territorialmente como un único centro urbano de más 60.000 habitantes.

La convocatoria dirigida a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo constituye el eje vertebrador de la política provincial de cooperación internacional durante el periodo 2021–2025. En términos presupuestarios, esta línea concentra de forma sistemática en torno a la mitad del presupuesto total de cooperación, alcanzando incluso un 57,35 % en 2025, lo que confirma su papel central en la canalización de los recursos públicos destinados al desarrollo. Esta centralidad no es solo financiera, sino también funcional, al ser la principal vía de ejecución de proyectos de cooperación internacional de medio alcance impulsados desde la Diputación de Sevilla.

Desde el punto de vista de la capacidad de absorción, la convocatoria muestra un comportamiento claramente expansivo. El número de proyectos financiados pasa de 23 en 2021 y 2022 a 26 en 2023, 28 en 2024 y 33 en 2025, lo que supone un incremento acumulado superior al 40 % en el número de intervenciones a lo largo del quinquenio. Este crecimiento no solo refleja una mayor demanda por parte de las ONGD, sino también una capacidad administrativa y técnica consolidada para formular, ejecutar y justificar proyectos en un marco competitivo y exigente. A diferencia de la convocatoria de Entidades Locales, aquí no se observan caídas abruptas ni interrupciones significativas, lo que apunta a un mayor grado de estabilidad estructural.

En conjunto, la evolución de la convocatoria de ONGD entre 2021 y 2025 muestra un sistema robusto, estable y con alta capacidad de ejecución, que actúa como columna vertebral de la cooperación provincial. Al mismo tiempo, su creciente peso relativo dentro del presupuesto total refuerza una dinámica de concentración funcional, en la que la eficacia y la seguridad en la ejecución se priorizan frente a otros enfoques más distribuidos territorialmente. Este equilibrio —entre estabilidad, crecimiento y concentración— constituye uno de los rasgos definitorios del modelo provincial de cooperación durante el periodo analizado y plantea interrogantes relevantes sobre su articulación futura con otros actores del sistema.

Por todo ello, desde una perspectiva estratégica orientada a fortalecer la cooperación descentralizada y el papel de los municipios como agentes de desarrollo, se considera necesario avanzar hacia la apertura de dos líneas complementarias de subvención, claramente diferenciadas y coherentes entre sí:

• Un Banco Provincial de Recursos de Educación para la Ciudadanía Global, dirigido a Entidades Locales, Mancomunidades y Consorcios, que permita a los municipios acceder a materiales, programas, asistencia técnica y acciones de sensibilización adaptadas a sus realidades territoriales, reforzando su capacidad de acción educativa y su conexión con los ODS desde lo local.
• Una convocatoria específica de subvenciones para ONGD, orientada al diseño y ejecución de proyectos integrales de Sensibilización y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en la provincia, aprovechando su experiencia, capacidad pedagógica y enfoque de derechos, y favoreciendo sinergias con los gobiernos locales.

El primero facilitará a los municipios un acceso ágil a actividades educativas validadas y de calidad, reforzando la capilaridad y la equidad territorial; el segundo permitirá a las ONGD desarrollar intervenciones más amplias e innovadoras, con procesos educativos sostenidos en el tiempo. En conjunto, ambas líneas constituyen un modelo provincial que combina alcance masivo y profundidad pedagógica, alineado con la Ley 1/2023, el Plan Director de la Cooperación Española 2024–2027 y las prioridades estratégicas de la Diputación de Sevilla.

Actualmente, la aplicación de proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en la provincia presenta una brecha territorial significativa: la mayoría de intervenciones se concentran en la capital, mientras que numerosos municipios de menor tamaño reciben menos atención. Esta distribución desigual limita el impacto y la equidad en el acceso a las oportunidades educativas y de sensibilización. La falta de un diagnóstico específico a escala provincial dificulta, además, la planificación y la optimización de los recursos destinados a esta finalidad.

La Sensibilización y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (meta 4.7 de los ODS) ofrece herramientas eficaces para contrarrestar estas amenazas, reforzando valores democráticos, inclusivos y de respeto mutuo. A ello se suma una crisis de referentes positivos entre la adolescencia, caracterizada por la ausencia de espacios de diálogo y el riesgo de adopción acrítica de discursos polarizados.

En la provincia pueden identificarse necesidades prioritarias extrapoladas de diagnósticos regionales y nacionales:

• Baja visibilidad del ODS 4.7 en el ámbito educativo y social.
• Necesidad de implementar metodologías activas para fomentar el pensamiento crítico.
• Escasez de recursos educativos actualizados con enfoques de género, sostenibilidad, derechos humanos y diversidad cultural, adaptados a contextos digitales y realidades locales.
• Desigual acceso a iniciativas de sensibilización, especialmente en municipios pequeños.

La incorporación de estas dos líneas en las convocatorias provinciales permitirá fortalecer la cultura solidaria y crítica en toda la provincia, potenciar el trabajo de sensibilización y educación para el desarrollo que ya impulsa la Diputación, y consolidar la Educación para la Ciudadanía Global como eje vertebrador de la acción local en cooperación. Asimismo, contribuirá a combatir la desinformación, a incrementar la participación ciudadana en los retos globales vinculados a la realidad local y a reforzar al sector ONGD mediante financiación específica y estable, aprovechando el trabajo ya iniciado en el marco del convenio ASONGD–Diputación para el mapeo, análisis y fortalecimiento del territorio.

A través de estas convocatorias, cofinanciando iniciativas de sensibilización, información y formación en los propios municipios, alineadas con las estrategias autonómicas y estatales en materia de Educación para la Ciudadanía Global, se trabajará:

• Integrar la EpD en todos los niveles educativos mediante metodologías participativas como el aprendizaje-servicio.
• Formar y capacitar a docentes y otros agentes educativos, transformando los espacios de aprendizaje para fomentar la participación y el pensamiento crítico.
• Incorporar de manera transversal un enfoque feminista e interseccional.
• Desarrollar campañas de sensibilización, especialmente dirigidas a jóvenes y colectivos estratégicos.
• Impulsar el voluntariado local e internacional como herramienta de conexión y compromiso.
• Fomentar el comercio justo y las alianzas con el sector privado para promover prácticas responsables.
• Colaborar con medios de comunicación y plataformas digitales para contrarrestar la desinformación y los discursos de odio.
• Crear y consolidar redes multiactor entre administraciones, ONGD, universidades, empresas y otros actores sociales.

En el contexto provincial, la cooperación descentralizada —por su proximidad a la ciudadanía y su capacidad de generar confianza— se presenta como el canal más eficaz para desplegar estas estrategias, asegurando que la Educación para la Ciudadanía Global llegue de forma equitativa y sostenida a todos los municipios de Sevilla.

4. Prioridades geográficas de la cooperación provincial: concentración, continuidad y lecturas territoriales

El análisis territorial de la cooperación provincial permite identificar con claridad patrones de concentración geográfica, así como dinámicas de continuidad que condicionan la forma en que la Diputación de Sevilla despliega su acción exterior. A lo largo del periodo 2021–2025, las intervenciones financiadas se agrupan de manera consistente en África y América Latina, configurando un mapa de prioridades relativamente estable, especialmente en el caso de los proyectos ejecutados por ONGD. Esta concentración responde menos a decisiones coyunturales que a la existencia de trayectorias previas, redes de contrapartes consolidadas y capacidades técnicas acumuladas, que facilitan la ejecución y reducen los riesgos operativos.

África: diversidad regional y continuidad en contextos de alta vulnerabilidad

África constituye el principal espacio de intervención del sistema provincial, con una presencia sostenida y diversa tanto en África Subsahariana como en el norte del continente. Destaca la continuidad de proyectos en países como Guinea-Bissau, Senegal, Malawi, Mozambique, República Democrática del Congo, Níger, Nigeria o Uganda, donde las intervenciones se repiten a lo largo de varios ejercicios, combinando actuaciones en salud, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, fortalecimiento productivo y empoderamiento de mujeres. Esta recurrencia territorial permite avanzar desde respuestas puntuales hacia enfoques más estructurales, orientados a la resiliencia comunitaria y al fortalecimiento de capacidades locales.

Junto a estos países, adquieren un peso específico los proyectos desarrollados en Argelia y el Sáhara Occidental, que requieren una lectura diferenciada. En el caso de Argelia, las actuaciones se concentran en los campos de refugiados palestinos, mientras que en el Sáhara Occidental los proyectos se dirigen a la población saharaui, en un contexto de prolongada situación de refugio y dependencia humanitaria. Estas intervenciones sitúan a la cooperación provincial en escenarios de alta complejidad política y humanitaria, donde la continuidad no solo responde a capacidades técnicas, sino también a compromisos históricos y de solidaridad sostenida.

En conjunto, África muestra una combinación de concentración y diversidad regional: África Occidental y Central concentran buena parte de los proyectos, pero se mantiene una presencia relevante en África Oriental y Austral. Esta distribución revela una cooperación orientada a contextos de vulnerabilidad estructural, donde la acumulación de experiencia resulta clave para sostener intervenciones eficaces.

América Latina: centralidad de América Central y continuidad andina y suramericana

América Latina constituye el segundo gran eje territorial de la cooperación provincial, con un peso especialmente significativo de América Central. Países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras concentran una parte muy relevante de los recursos y de los proyectos a lo largo de todo el periodo, reflejando una apuesta clara por territorios marcados por la desigualdad, la violencia estructural y la debilidad institucional. La reiteración de intervenciones en estos países permite trabajar con mayor profundidad en ámbitos como derechos humanos, salud comunitaria, seguridad alimentaria y fortalecimiento organizativo.

En América del Sur, la cooperación muestra también una continuidad destacable en países como Bolivia, Paraguay y Perú, con proyectos que se mantienen o reaparecen a lo largo de varios ejercicios. Estas intervenciones suelen combinar mejoras de condiciones materiales con procesos de empoderamiento social, especialmente en comunidades rurales, pueblos indígenas y colectivos en situación de exclusión. La presencia más puntual en otros países de la región, como Colombia o Ecuador, refuerza un patrón de concentración sin llegar a una dispersión excesiva.

Otros contextos y presencia residual

Fuera de estos grandes ejes, la cooperación provincial presenta una presencia más limitada y puntual en otros espacios, como Europa del Este o Asia, con intervenciones esporádicas que no configuran líneas territoriales estables. Estos casos responden generalmente a situaciones concretas o a iniciativas específicas, sin generar dinámicas de continuidad comparables a las observadas en África o América Latina.

Lectura global: continuidad como fortaleza y desafío estratégico

En conjunto, las prioridades geográficas de la cooperación provincial dibujan un modelo altamente concentrado y basado en la continuidad territorial, especialmente a través de las ONGD. Esta concentración refuerza la eficacia técnica del sistema, facilita la acumulación de conocimiento contextual y permite avanzar hacia intervenciones de medio y largo plazo. Al mismo tiempo, plantea el desafío de equilibrar continuidad y diversificación, evitando que la estabilidad territorial derive en rigidez y limitando la capacidad de respuesta ante nuevos contextos emergentes.

La cooperación impulsada por las Entidades Locales, por su parte, tiende a mostrar una distribución geográfica más variable y menos sostenida, vinculada a iniciativas concretas y a dinámicas municipales específicas. Esta diferencia refuerza la lectura de un sistema en el que la coherencia territorial descansa fundamentalmente en el sector ONG, mientras que la cooperación municipal aporta proximidad y diversidad, pero con menores niveles de continuidad estratégica.

Estas lecturas territoriales resultan clave para orientar la planificación futura del sistema provincial, especialmente en el marco 2025–2027, donde el reto no es solo mantener la eficacia de las áreas prioritarias, sino articular una estrategia geográfica más explícita, capaz de combinar especialización, coherencia y capacidad de adaptación a un contexto internacional cada vez más cambiante.